En el contexto de la mayor crisis socioeconómica, política y moral de la historia de Brasil, llegan al límite de la irracionalidad las tentaciones de volver a poner en el tablero nuevos intentos de fustigar a las Fuerzas Armadas, como lo han hecho dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) y funcionarios del gobierno interino de Michel Temer.
Este último es el caso de la recién nombrada secretaria de Derechos Humanos, Flavia Piovesan, conocida por sus puntos de vista favorables a la revocación de la Ley de Amnistía y a la injerencia supranacional de organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para imponer controles externos sobre las Fuerzas Armadas y sobre asuntos de la seguridad del Estado, con el pretexto de la defensa de los derechos humanos.
Desde luego que las Fuerzas Armadas demandan acabar definitivamente con esas aventuras revanchistas, las que, al imponer una visión unilateral de la Historia, sólo contribuyen a profundizar la división del país. Últimamente, altos oficiales han expresado su repudio de manera pública, rechazo que, implícitamente, también lo comparte la mayoría de la sociedad que anhela poner fin al desastre creado por la cultura “contra la autoridad” impuesta a la cosa pública en las últimas décadas –en resumen, un reclamo por el restablecimiento de la unidad nacional.
Un duro alegato fue el del general Rómulo Bini Pereira, ex jefe del Estado Mayor del Ministerio de Defensa, en un artículo publicado en el periódico O Estado de São Paulo del 7 de junio. Él se refiere a dos acontecimientos interconectados: el balance hecho por la Comisión Ejecutiva del PT, que incluye entre los “errores” de la gestión de trece años del partido el de no haber promovido ciertas medidas contrarias a la jerarquía militar; y el nombramiento de Flavia Piovesan. Afirma, en conclusión:
En el Imperio Romano, durante la campaña en tierras lejanas de Roma, un legionario, al ser cuestionado por un centurión respecto de las sucesivas batallas que enfrentaban, respondió con ironía: “Habemus saccum plenum.” Una referencia a la pesada mochila (saccus) y a los cruentos combates en los que participaban.
La expresión pasó por los siglos y, en diversas culturas, dio origen a la expresión popular “saco lleno” (ndr. hasta la coronilla). Luego de cuatro décadas de la Ley de Amnistía –que significa olvido, el soldado brasileño ya está coincidiendo con aquel legionario romano, pues está en el límite de su paciencia en razón de estos constantes reproches ideológicos, llenos de prejuicios revanchistas.
Anteriormente, en una conferencia dictada en abril, en una universidad de Brasilia, el comandante del Ejército, general Eduardo Villas-Boas, recalcó que el país “está a la deriva,” debido a la falta de cohesión interna:
“(…) Tenemos que recuperar la cohesión nacional y el sentido de proyecto. Colocar el interés del país y de la nación encima de todas querellas que dominan nuestro día a día. Con relación a 1964, en comparación con los días de hoy. Hubo dos diferencias básicas respecto a 1964: primero, aquel era el periodo de la Guerra Fría, de posiciones extremas. Y, segundo, en 1964, el país no contaba con instituciones maduras, con sus espacios de actuación definidos. Entonces, hoy, la gran diferencia está ahí: nuestro país tiene instituciones maduras. Brasil es ya un país complejo, con sistemas de pesos y contrapesos, que le quita a la sociedad la carga de la tutela.”
En realidad, el programa para el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas Brasileñas no fue una idea original ni del PT ni de los sectores políticos que frecuenta la abogada Flavia Piovesan, sino un proyecto exógeno, insertado en el ideario del “Nuevo Orden Mundial” anunciado por el ex presidente George H.W. Bush. La realización del proyecto “desmilitarizador” quedó a cargo del Departamento de Estado y de sus apéndices portadores del “soft power” (poder blando), en particular el Diálogo Interamericano (una especie de Comisión Trilateral para las Américas) y una vasta red de poderosas organizaciones no gubernamentales (ONG) militantes de los dizque derechos humanos, a ejemplo de la famosa Human Rigths Watch America, una de las consentidas de la fundación propiedad del megaespeculador George Soros.
En Brasil, uno de los entusiastas de ese plan fue el entonces senador Fernando Henrique Cardoso, uno de los fundadores de Diálogo Interamericano, al cual llevó a su futuro sucesor en la Presidencia, Luiz Inácio Lula da Silva, con la convicción de que un ex líder sindical podría, entre otros puntos, completar la materialización del plan. Más tarde, esta pauta de Diálogo fue abrazada por el Foro de São Paulo, coordinación de partidos y organizaciones de la izquierda iberoamericana creada en 1990 por el PT y el Partido Comunista Cubano. Y no deja de ser, al menos, curioso que los representantes de la brigada de los derechos humanos en el país, particularmente centrada entre la intelectualidad de São Paulo, transiten libremente entre los principales partidos políticos.
EN DIÁLOGO INTERAMERICANO EN LA VIDA NACIONAL
En la reunión del Directorio Nacional del PT, realizada el 16 de mayo pasado en Brasilia, destinada a evaluar la coyuntura nacional frente la decisión del Senado Federal de admitir el proceso de impedimento de la presidente Dilma Rousseff, se emitió una declaración de autocrítica sobre los 13 años de gobierno petista. Sin mencionar convenientemente que el acceso de Luiz Inacio Lula da Silva al poder haya requerido la divulgación de la “Carta al pueblo brasileño”, que no fue otra cosa sino la rendición del PT a la hegemonía rentista sobre la economía nacional, la cual culminó con la actual destinación de casi 50 por ciento del presupuesto de la Unión al pago de los intereses de la deuda pública, los dirigentes lamentan su fracaso en ajustar a las Fuerzas Armadas dentro del plan “desmilitizador.”
“Aunque sin mayoría parlamentaria de izquierda, el inmenso prestigio del presidente Lula y la desorganización estratégica de las élites abrían espacio para una poderosa movilización que debatiese, claramente, la urgencia de democratización del Estado y la remoción de los escombros autoritarios heredados de la transición conservadora post dictadura.
“Fuimos descuidados con la necesidad de reformar el Estado, lo que implicaría impedir el sabotaje conservador de las estructuras de mando de la Policía Federal y del Ministerio Público Federal; modificar los currículos de las academias militares; promover oficiales con compromiso democrático y nacionalista; fortalecer el ala más avanzada de Itamaraty (secretaria de Relaciones Exteriores)y redimensionar sensiblemente la distribución de los gastos públicos para los monopolios de la información”.
Para demostrar la falta de originalidad en la referencia de la Ejecutiva del PT en relación con las Fuerzas Armadas, consultemos el informe de 1988 de Diálogo Interamericano:
“Se debe re emprender un esfuerzo para modificar el pensamiento militar en lo tocante a la seguridad interna y a la subversión. Los militares no se pueden considerar los guardias últimos de los valores nacionales, ni insistir en que la seguridad nacional abarque todos los aspectos de la política. Se debe reformar la educación militar… A pesar de la transición de regímenes democráticos, el contenido político de la educación militar continúa virtualmente incólume”.
MÁS ADELANTE DICE:
“En Brasil, las Fuerzas Armadas continúan pronunciándose en una amplia gama de asuntos, entre ellos muchos que, definitivamente, no son militares. El servicio de información del país y su Consejo de Seguridad Nacional están controlados por las Fuerzas Armadas… En Brasil, seis de los 26 miembros del gabinete son generales o almirantes activos.
IMPOSIBLE SER MÁS EXPLÍCITO
Y no se piense que desprecio del papel histórico de las Fuerzas Armadas manifestado en la “autocrítica” por la directiva del PT sea exclusivo de un grupo de dirigentes. El propio ex presidente Lula da Silva, al sentirse acusado por la Operación “Lava Jato” (“lavado automático” que investiga la corrupción en el país) y por las revelaciones sobre la corrupción de Petrobras, amenazó convocar al Movimiento de los Sin Tierra (MST) que llamó “ejército de Stédile” y los movimientos sociales anarquistas, para defender al gobierno petista.
Días después, la misma presidente Dilma Rousseff, visitó el campamento Lanceros Negros del MST, junto con el “comandante” João Pedro Stédile (líder del MST). Y recuérdese, igualmente, que el gobernador petista del estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, condecoró a dicho “comandante” con la Medalla de la Inconfidencia la mayor condecoración del estado.
Es un hecho que el presidente interino Michel Temer ha tomado algunas medidas para restablecer la presencia militar en la estructura de información del Estado (renglón en la que Diálogo Interamericano pretendía vedarles), con la nominación del general Sergio Etchegoyen como ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI). No obstante, la advertencia del general Bini Pereira es un llamado a la coherencia institucional que exige el momento inestable y turbulento por el que atraviesa el país.
